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Miércoles, 09 de Marzo de 2016 Tiempo de lectura:

Compromís, EU y OSSP proponen medidas para reactivar la economía local que pasen por las cláusulas sociales en la contratación municipal

Los tres partidos reclaman medidas para reinsertar laboralmente a colectivos menos favorecidos.

La política es en ocasiones un territorio donde se trabaja para lograr el acuerdo y no para demostrar las desavenencias. Ese es el espíritu que ha movido a los partidos de Compromís, Esquerra Unida (EU) y Onda Sí Se Puede (OSSP) a la hora de presentar una moción conjunta en la que los portavoces de los tres partidos han mostrado su preocupación y sensibilidad social. La moción recoge una serie de medidas que están dirigidas a favorecer la contratación inclusiva, el respeto al medio ambiente y la calidad del trabajo. Todo ello, mediante cláusulas sociales que exigen que se incluyan en los pliegos de condiciones a la hora de hacer un contrato público desde el Ayuntamiento de Onda.


Así, medidas como la mejor bonificación a las empresas de economía social o que no tengan una finalidad lucrativa, tales como cooperativas o empresas de inserción social, obtendrían una puntuación hasta un 20% mayor respecte a otras. También, empresas que tengan la certificación de gestión ambiental eficaz ISO 14001 o que estén adscritas al Green Commerce obtendrían otro 20% en la puntuación a la hora de optar a cualquier obra, servicio o suministro.


Con estas y otras medidas se pretende hacer una política social en la contratación que apueste por la inserción sociolaboral de las personas que peor lo está pasando, al tiempo que se beneficia a las empresas respetuosas con el medio ambiente.


Por otra parte, en la moción se insiste con el portal del proveedor que se aprobó en el último pleno y se incluyen bonificaciones a los criterios de contratación por lotes para que todas las empresas que optan tengan las mismas oportunidades.


Según han coincidido en señalar los portavoces de los tres partidos con esta moción «pretendemos dar un carácter más social a la contratación pública ya que actualmente está basada en unos criterios puramente técnicos y de coste. Se aplican principios como la libre concurrencia y la publicidad pero no otros más importantes para nosotros como son los de carácter ético, social y solidario, ni se tienen en cuenta la atención a personas y colectivos desfavorecidos ».

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