En las últimas semanas, numerosos usuarios han recibido cartas que reclaman el pago de 450 euros por haber consumido fútbol pirata. Estas notificaciones, promovidas por la Liga de Fútbol Profesional y avaladas por su presidente Javier Tebas, se presentan como sanciones, cuando en realidad carecen de base jurídica sólida.

El origen de esta estrategia se encuentra en un auto judicial que permitió a las operadoras monitorizar las direcciones IP de los ciudadanos para detectar accesos a retransmisiones ilegales. Sin embargo, el propio Consejo General del Poder Judicial aclaró poco después que estas medidas solo son aplicables a quienes se lucran con la explotación ilegal del fútbol, es decir, a los distribuidores, no al consumidor final. Pese a ello, las cartas continúan llegando, generando desconcierto y miedo.

Más allá de la polémica, lo que resulta evidente es que estas comunicaciones no cumplen los mínimos esenciales de una sanción válida. No fundamentan jurídicamente la cantidad exigida, no explican cómo se han obtenido los datos personales de los destinatarios y colocan al ciudadano en una situación absurda: admitir voluntariamente haber consumido contenido ilícito, con el riesgo que ello supone.

Nuestro consejo es claro: estamos ante una maniobra de presión más que ante una sanción real. El consumidor final no tiene obligación de pagar ni de acudir a los actos de conciliación a los que se le cita. La única respuesta sensata es no dejarse arrastrar por la intimidación y, en caso de duda, buscar asesoramiento profesional.
La defensa de los derechos ciudadanos empieza por no ceder al miedo. Y en un Estado de derecho, las sanciones no se imponen por carta sin respaldo legal. Conviene recordarlo antes de pagar lo que no corresponde.