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Miércoles, 08 de Enero de 2020 Tiempo de lectura:

Los pueblos de interior podrían tener más fácil reclamar

La Diputación y la UCE estudian un proyecto para superar la indefensión de los consumidores del interior

La Unión de Consumidores de Castellón plantea a José Martí puntos de información y acuerdos con los ayuntamientos de menos de 5000 habitantes para recoger la documentación con la que deben gestionar las quejas ciudadanas.

[Img #38830]La Unión de Consumidores de Castellón (UCE) ha propuesto a la Diputación la creación de un servicio de atención al consumidor en el ámbito rural y de interior, que se prestaría en municipios de hasta 5.000 habitantes.

 

Con su puesta en marcha se pretende superar la situación de indefensión en la que se encuentran las personas de avanzada edad que residen en pequeños pueblos y que no están familiarizadas con el manejo de las nuevas tecnologías.

 

A modo de ejemplo, los responsables de esta asociación han expuesto al presidente Martí que en el ámbito rural apenas se generan reclamaciones relacionadas con la telefonía móvil, a pesar de ser uno de los sectores más conflictivos. Es una circunstancia que según el secretario general de la Unión de Consumidores, Juan Carlos Insa, obedece a la lógica de que “nadie va a hacer 60 u 80 kilómetros para desplazarse hasta Castellón y otros tantos de vuelta, para una presentar una queja por una factura de 40 euros”.

 

En términos similares se ha manifestado el abogado de la entidad, Enric Pallarés, quien ha puesto de manifiesto que “no hay relación entre el número de personas que residen en las poblaciones de interior y el número de quejas que presentan y que se dilucidan en la Junta Arbitral de Consumo”.

 

Lo que propone la Unión de Consumidores es habilitar puntos de información en las comarcas más necesitadas de este servicio y colaborar con los ayuntamientos para que la ciudadanía pueda tramitar sus reclamaciones. Esos puntos podrían estar operativos una vez al mes en Jérica, Sant Mateu y Morella. En cuanto a la colaboración con los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, de lo que se trataría es de que el personal administrativo municipal recogiera la documentación y la enviara telemáticamente a UCE Castellón para que se tramite la pertinente reclamación ante la Junta Arbitral de Consumo.

 

Además de Insa y Pallarés, en la entrevista mantenida con el presidente de la Diputación también ha estado presente el presidente de la Unión de Consumidores, Lluís Lleó.

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