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Ximo Huguet
Martes, 24 de mayo de 2016

Las cosas como son: Ni acusación particular ni popular

Es lamentable la utilización política y el intento de manipulación del Partido Popular en el proceso abierto al policía que fue acusado en el año 2013 por un presunto delito de tráfico de drogas, a medio de escritos plagados de incoherencias jurídicas, por lo que se hace necesario hacer una explicación pública de la postura procesal adoptada en el procedimiento judicial.

 

El Ayuntamiento de Onda, entonces gobernando por el PP, se personó, en un primer momento, como acusación particular, pero,  por auto de 2 de junio de 2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Nules, se inadmitió dicha personación por no ser procedente en Derecho, argumentando que “no obstante ser muy libre el citado Ayuntamiento de “sentirse” como estime menester, esta apreciación subjetiva no supone objetivamente ni titularidad del bien jurídico protegido “salud pública” ni consecuencia directa derivada de la acción constituida del hecho típico”.

 

Bajo el mandato del PP,  se interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, con una finalidad meramente populista  y ajena al interés general, habiendo interesado el Ministerio Fiscal, en informe emitido al efecto, la inadmisión del mismo, por cuanto que el Ayuntamiento no puede ser acusación particular y “LA EXPULSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAUSA” como acusación popular, conforme al artículo 125 de la Constitución Española y a las sentencias del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1994 y 26 de abril de 1999, legitimando el precepto constitucional exclusivamente a los ciudadanos para el ejercicio de la acción popular, quedando excluidas las Administraciones Públicas. En igual sentido, se ha pronunciado nuestro más Alto Tribunal en reiterada jurisprudencia, pudiendo citarse al efecto la contundente sentencia de 26 de febrero de 2013, dictada en el recurso 907/2012, en la que declara que “ (…), como supuesto esencial de “interés público tutelado por la Ley”, la acción pública penal pertenece en exclusiva al Ministerio Fiscal, conforme al artículo 124 CE. Esto arrastra una consecuencia: ninguna administración puede arrogarse una acción pública penal con la excusa de su posible conexión con alguna de sus competencias. (...). Cuando en el ejercicio de sus competencias, observa la posible comisión de un tipo penal, conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo, debe ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, con suspensión del expediente sancionador. Una persona jurídica pública puede, en principio, ejercer la acusación particular en cuanto “ofendido”, o “perjudicado” por el delito, en los mismos términos que un particular, pero no puede invocar sus atribuciones y competencias como elemento que le atribuya un interés suficiente para la personación como acusador “público”. Ni puede enmascarar esa condición, bajo la fórmula de una acusación popular reservada a los ciudadanos, pero no a las Administraciones. La acción popular, es una concesión a la participación del pueblo en la Justicia; no a la participación de más poderes en la Justicia.”

           

Haciéndose eco de la doctrina legal, como le consta al Partido Popular, por estar sometidos a investigación diversos cargos de su cúpula valenciana, en el mediático “Caso Taula”, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, presidida por el Ilmo. Sr. Magistrado D.  Pedro Castellano, ha estimado el recurso presentado por la representación procesal de una concejal del Partido Popular, concluyendo que el Ayuntamiento de Valencia no puede personarse como acusación popular, pues “ninguna Administración Pública puede arrogarse una acción pública penal con la excusa de su posible conexión con alguna de sus competencias”.

 

En definitiva, la Administración Local carece de legitimación para ser parte en el proceso penal que nos ocupa, tanto como acusación particular como popular. Por ello, hay que destacar que el Ayuntamiento no se ha retirado de ningún proceso por falta de ganas de trabajar o por no querer defender los derechos de los vecinos del municipio o del consistorio, como indica un comunicado de prensa del PP, sino porque “no tiene ni arte ni parte”. Lo que ha hecho es respetar las decisiones judiciales y prescindir costes innecesarios al municipio, ya que el proceso sigue su curso y se tramitará con todas las garantías ejerciendo la acusación el Ministerio Fiscal, evitando también con esta decisión dilaciones indebidas que pudieran generarse por la irregular personación, que, paradójicamente, bajo el pretexto de defender el “honor” del pueblo de Onda, pudieran traducirse en un beneficio para el presunto responsable del delito y, en consecuencia, en un quebranto del bien jurídico tutelado por la norma penal, esto es, la salud pública. Esta es la razón por la que la Administración Local tampoco se ha personado en los procesos que se siguen en los Juzgados de Nules contra dos importantes cargos del Partido Popular de Onda, sin perjuicio de que pueda hacerlo si se viesen comprometidos directamente los intereses municipales.

 

Por ello, desde la corporación municipal, se quiere expresar la máxima repulsa al contenido de las últimas publicaciones del Partido Popular, en las que se tergiversa la información, lamentado que se ponga en tela de juicio el buen nombre del Ayuntamiento, que siempre ha acatado las sentencias judiciales y ha mantenido, y mantiene, una escrupulosa aplicación de la legislación vigente en los distintos procesos en los que participa bajo el asesoramiento jurídico pertinente.

 

Finalmente, estas acusaciones y otras que se vienen produciendo en los medios de comunicación a propósito de determinados procedimientos,  a  sabiendas de que constituyen un auténtico “destarifo” procesal y, en algunos casos, la invasión en el derecho de la intimidad, representan imputaciones muy graves, con el consiguiente quebranto de la imagen y los intereses del municipio, por lo que no se descarta ponerlas en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Ningún alcalde “iluminado” puede erigirse en una especie de Torquemada para perseguir con fondos públicos los delitos en los que le corresponde funcionalmente ejercer la acusación al Ministerio Fiscal, debiendo recordar que el art. 432 del Código Penal tipifica el delito de malversación.

 

Ximo Huguet Lecha

Alcalde de Onda

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